La excepción se convirtió en la regla…

BENITO VAZQUEZ 4 diciembre, 2017 0
La excepción se convirtió en la regla…

La intervención de las Fuerzas Armadas siempre se vio como una solución temporal. Una excepción para suplir la falta de policías profesionales…

El jueves pasado reportaba los pésimos números en materia de inseguridad en México. En resumen: 2017 será el año más violento de los últimos veinte. El gobierno de Calderón, que le declaró la guerra al crimen organizado, fracasó. El gobierno dePeña, que soslayó el tema, también fracasó. Ambos han compartido la misma estrategia: utilizar a las Fuerzas Armadas como sustituto de las policías. Es cierto que los gobiernos antes de Calderón utilizaron al Ejército y a la Marina en labores de seguridad. Pero nunca en la proporción e intensidad como en los dos últimos lustros. La intervención de las Fuerzas Armadas siempre se vio como una solución temporal. Una excepción para suplir la falta de policías profesionales. Ya pasó más de una década y la excepción se convirtió en rutina y, en la medida en que los militares se sintieron desprotegidos legalmente por su acción cotidiana, presionaron a la clase política para que la excepción se convirtiera en regla.

Varias organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por legalizar la militarización de la seguridad pública, cabildearon en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI). La semana pasada, sin embargo, la Cámara de Diputados la aprobó. En lo personal, me convencen los argumentos para rechazar esta ley. A continuación, presento los argumentos contrarios a la LSI que aparecen en un documento que me enviaron las ONG.

Ante todo, reiteran la necesidad de “revisar a profundidad y de forma integral el modelo de seguridad, tras una década de políticas fallidas”. Consideran que la LSI no es la solución por varias razones. Primero, se trata de una ley inconstitucional. Dudan que el Congreso tenga facultad para legislar en la materia. En ninguna fracción del artículo 73 de la Constitución se habilita al Poder Legislativo Federal para “expedir leyes en materia de seguridad interior”. Además, el artículo 21 constitucional claramente establece que las funciones de seguridad pública estarán a cargo de autoridades civiles.

Segundo, la LSI contraviene los tratados que México tiene firmados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera el concepto de “seguridad interior” como “propio de regímenes autoritarios” y con el potencial de propiciar “violaciones a derechos humanos por su amplitud”.

Tercero, la LSI incrementaría las violaciones a derechos humanos. Los datos no dejan dudas: “Mientras que antes del despliegue militar que comenzó en 2006 el promedio de quejas contra las Fuerzas Armadas era de 190 por año y el de recomendaciones de dos, en esta última década ha sido de más de mil quejas por año y 14 recomendaciones en el mismo periodo […] Se ha documentado que entre 2012 y 2016, la PGR inició más de 500 investigaciones por delitos de castrenses contra civiles, obteniendo condenas en sólo un 3% de los casos”.

Cuarto, según este documento, la LSI aumentaría la violencia: “La evidencia empírica analizada por el Programa de Política de Drogas del CIDE muestra que en los estados donde se han realizado operativos militares durante la última década, la violencia no ha acabado”. De hecho, este año, “en el que la militarización ha continuado y se ha intensificado, será uno de los años más violentos de la última década”.

Finalmente, al legalizar la militarización de la seguridad pública, se hará más difícil que soldados y marinos regresen a sus cuarteles algún día. Si las Fuerzas Armadas siguen en las calles, los gobernantes civiles no tendrán incentivos para hacer su trabajo, es decir, mejorar toda la cadena que se requiere para combatir la delincuencia: policías, fiscales, jueces y cárceles.

Resulta una vergüenza que, once años después que el presidente Calderón hiciera este tema como el central de su gobierno, que se hayan gastado miles de millones de pesos en dizque mejorar las policías, el Congreso ande legislando que los soldados sigan reemplazando a las policías. Es un enorme fracaso. La diferencia es que ahora, con la LSI, los militares estarán protegidos legalmente, algo que exigían desde hace años.

Es una mala noticia cuando, en una democracia, los representantes sociales legislan reconociendo que la autoridad civil ha fracasado, que sólo los militares pueden resolver un problema que no les corresponde. Nada bueno puede salir de eso. El Senado debería rechazar la ley aprobada por los diputados. Me temo que la apoyarán, porque el gobierno de Peña ya tiene los votos necesarios. Quedará, entonces, desafiar la LSI ante la Suprema Corte de Justicia, que ya ha dado muestras que está dispuesta a defender la Constitución de una República civil como la nuestra, aunque las autoridades civiles piensen lo contrario.

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