Un principio jurídico, y administrativo, establece que “quien puede lo más, puede lo menos”, para ilustrar la responsabilidad que se tiene cuando uno ostenta una posición en la que pueden determinarse cambios que influyen en la vida común de las personas.
Uno de los reclamos más sentidos de nuestra sociedad, en eso no tendría que haber demasiada discusión, es la procuración de justicia, sobre todo en aquellas faltas que podríamos considerar menores, pero que están presentes en la cotidianeidad de la mayoría de los mexicanos.
A esas faltas denominadas “administrativas” que afectan la convivencia social y el entendimiento entre vecinos, se le sumaron durante varios años las consecuencias de delitos del fuero común y de alto impacto. Juntos, crearon un clima de desconfianza y de desesperación frente a un sistema de justicia que vive sobrecargado de trabajo, pero que no parece desahogar esos asuntos menores para concentrarse en los de mayor relevancia.
No entraré en la discusión jurídica sobre el sistema de justicia mexicano, sólo quiero exponer, desde la visión de la ciudadanía, lo que ha significado que la impartición de justicia no sea pronta ni expedita. Para un ciudadano, ese sistema no inspira confianza y por ello hará lo que sea necesario para evitarlo, con todo y su burocracia.
Tristemente no conozco a nadie que no haya tenido que experimentar el laberíntico sistema de justicia y sus, en ocasiones, incomprensibles procedimientos para las personas. Fallos justos, fundamentados en el sentido común, pueden tardar años, si es que ocurren, mientras que sentencias sin lógica son el pan de cada día.
Tengo la fortuna de contar entre mis amistades a muchos reconocidos abogados. Ellas y ellos me han acompañado en algunos asuntos legales y otros sólo me han compartido sus puntos de vista acerca de su profesión y el medio en el que la ejercen. Sus explicaciones acerca del tiempo que puede llevar un asunto en un juzgado para que se resuelva y sobre los obstáculos para lograr que los procesos sean más simples son difíciles de resumir, porque van desde el uso de contactos, hasta el fondeo mal entendido para que un expediente se mueva de un escritorio a otro. De las personas sin sentencia que han perdido su libertad, nada más es importante advertir que es una asignatura social pendiente no sólo para las autoridades, sino para toda la sociedad. En estos seis años se ha hecho un esfuerzo sin precedentes para brindar justicia en estos casos y de julio de 2022 a junio de 2024, 9 mil 867 mujeres y hombres han sido preliberados o calificado para una amnistía, una cantidad notable cuando hablamos de vidas humanas y de familias, pero que todavía no alcanza a beneficiar a la mayoría de quienes aún se encuentran en esa especie de “limbo” judicial.
El esfuerzo del gobierno de México, de organismos de derechos humanos y de organizaciones civiles ha hecho una diferencia en este sexenio; sin embargo, todavía no es suficiente, porque siguen sumándose personas a los centros de readaptación social sin una condena, mientras que cientos llevan años en reclusión bajo la misma condición de incertidumbre. Alguna vez, lo he escrito antes, escuché una frase que me dejó helado: “la cárcel es para los pobres y para los tontos”. Quien la dijo era un abogado y me rehúso a pensar que estamos condenados a repetirla.
En este cambio de época, muchos sistemas y procesos se han modificado. Unos por la presión social de una ciudadanía que ya no compartió los viejos códigos de relación con los poderes, los establecidos y los fácticos, y otros por el ideal de no regresar a las mismas situaciones que nos pusieron en una posición de tanta molestia en 2018. Felizmente no estamos en el mismo escenario y la participación social de la mayoría de los mexicanos ha abierto la posibilidad de que podamos discutir en paz un nuevo diseño institucional que sí responda a las demandas de justicia de la población, sin que eso deje a un lado el debate necesario acerca del estado de fiscalías y ministerios públicos.
Entre todos podemos continuar reformando todo lo que se necesite para que en el país prive la justicia, la paz y la prosperidad. No es una ilusión ni una utopía. Es un momento histórico en el que debemos participar, como ya lo hemos hecho en otros anteriores. Nuestra oportunidad es ahora, y con argumentos y razones obtengamos esa justicia tan anhelada en lo menos y en lo más.
