La reciente decisión de reubicar los semáforos de la intersección de la Avenida 4 de Marzo con Erick Paolo Martínez a la Avenida Constituyentes con Maxuxac ha provocado una oleada de indignación y críticas entre los habitantes de Chetumal.
La medida, percibida como una muestra de improvisación y falta de previsión, ha dejado a un cruce clave sin control de tráfico, aumentando el riesgo de accidentes y el caos vial.
Las críticas se han dirigido especialmente hacia la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez, y el gobierno estatal liderado por Mara Lezama.
La ciudadanía está alarmada por lo que consideran una gestión deficiente de los recursos públicos y una falta de compromiso con la seguridad vial.
La reubicación de semáforos antiguos, instalados durante la administración del exgobernador Carlos Joaquín, en lugar de adquirir nuevos equipos, es vista como un claro indicador de la incapacidad del actual gobierno para invertir adecuadamente en infraestructura básica.
Además, el gobierno de Mara Lezama ha sido acusado de tener un doble discurso.
Mientras se reutilizan semáforos viejos debido a la falta de recursos financieros, las autoridades impulsan la controversial «Ley Chaleco» para motociclistas.
Esta legislación busca que los conductores de motocicletas porten chalecos reflectantes con el número de placa impreso, supuestamente para aumentar la seguridad vial.
Sin embargo, muchos la consideran una medida que apunta más a la recaudación de ingresos que a una verdadera mejora en la seguridad, agravando así la percepción de contradicción en las políticas del gobierno.
El descontento popular se agudiza al considerar que, mientras se reutilizan equipos viejos, no se están atendiendo las necesidades urgentes de la ciudad.
La población acusa al gobierno de estar más enfocado en políticas de fachada que en resolver problemas esenciales como la seguridad vial.
La falta de nuevos semáforos y la reutilización de los ya existentes no sólo refleja una posible crisis financiera, sino también una gestión ineficaz y una falta de visión para el desarrollo urbano.
La indignación no se limita a la falta de infraestructura adecuada; también abarca la ausencia de una comunicación clara y transparente por parte de las autoridades.
Los ciudadanos exigen explicaciones contundentes y soluciones inmediatas, y no meras excusas o medidas temporales.
La administración actual está bajo fuego por su aparente indiferencia ante las preocupaciones legítimas de los residentes, quienes consideran que la seguridad y el bienestar de la población están siendo sacrificados por la incompetencia y la mala gestión.
Es urgente que las autoridades respondan a las críticas y demuestren una verdadera intención de solucionar estos problemas.
Los habitantes de Chetumal merecen un gobierno que priorice sus necesidades y que invierta adecuadamente en infraestructura esencial para garantizar una ciudad segura y funcional.
