Este fin de semana comenzaron los ajustes de cuentas en Sinaloa
Cuando está a punto de cumplirse un mes de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, de su llegada a Estados Unidos en un episodio que ni el gobierno federal ni tampoco los grupos criminales tienen claro aún cómo se dio, la crisis que generan esas caídas apenas comienza. Lo que es indudable es que va a remover profundamente el ámbito criminal, pero también muchas estructuras políticas en Sinaloa y en México.
Por lo pronto, este fin de semana comenzaron los ajustes de cuentas en Sinaloa. El sábado aparecieron los restos, amordazados, torturados, asesinados de tres personas, entre ellas de uno de los principales operadores de El Mayo Zambada, Martín García Corrales, apodado El Tano, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía 4 millones de dólares de recompensa, que apareció muerto junto con otros dos integrantes de ese grupo criminal.
Según fuentes estadunidenses, El Tano era uno de los principales operadores en el tráfico de fentanilo, manejaba los laboratorios que el Cártel de Sinaloa tiene en Oaxaca para producirlo. Además, dicen que era uno de los responsables de la seguridad del cártel. En las acusaciones que tiene en su contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos se dice que él, junto con su hermano Leobardo, fueron responsables de proteger a El Chapo Guzmán luego de su fuga en Puente Grande, en enero del 2001. Ese mismo día hubo otras cinco ejecuciones en torno a la capital sinaloense.
Antes, el viernes, tuvo que renunciar la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñonez, frente a las evidentes irregularidades encontradas por la Fiscalía General de la República en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén. La Fiscalía General descubrió que Melesio había sido incinerado cuando eso está legalmente prohibido en un caso de asesinato, que el informe forense habla de cuatro tiros y de un fuerte golpe en la cabeza y en el video que dio a conocer la Fiscalía apenas se escucha uno o dos disparos en un lapso de apenas tres segundos, aparte de que no hay certidumbre de que en la camioneta mostrada fuera realmente Cuén, además de que la primera versión de la Fiscalía local hablaba de un intento de robo y la semana pasada divulgaron el video de una ejecución. La carta atribuida a El Mayo Zambada dice que a Cuén lo asesinaron en el lugar donde supuestamente fue secuestrado (aunque la versión de la entrega, o de “la rendición” de El Mayo, como lo describió el Washington Post, es cada vez más fuerte). En el caso de la muerte del exrector de la UAS falta aún mucho por ver y muchos capítulos por escribir. La renuncia de la fiscal es apenas el primero.
Mientras tanto, en las investigaciones que tienen del otro lado de la frontera comienzan a aparecer otros datos que son muy significativos. Son muchas las historias entrelazadas. El miércoles 17 de julio pasado el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, pidió una cita en un despacho jurídico de Culiacán para asesorarse, porque había sido emplazado vía correo electrónico para presentarse en las oficinas del consulado estadunidense. López Elenes fue notificado de que se le había cancelado la visa de entrada a Estados Unidos. En la indagación del despacho jurídico se le informó que desde un año atrás la DEA lo estaba investigando por su presunta participación como alcalde (acaba de ser reelegido) apoyando o facilitando las actividades de Los Chapitos en Badiraguato y en Culiacán. Pero las investigaciones estadunidenses ubican en realidad a López Elenes como muy cercano al tío de Los Chapitos, el hermano de Joaquín, Aureliano Guzmán Loera, que está enfrentado a su vez con sus sobrinos. Su situación legal sería crítica.
También se comienzan a develar redes de compromisos comerciales y económicos con el cártel. Al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, se le atribuyen relaciones familiares con uno de los grupos del cártel de Los Chapitos, llamado Fuerzas Especiales Avendaño, encabezado por Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Según estas investigaciones, Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa de Inzunza Cázarez, y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado, es familiar en primer grado de Avendaño Ojeda. Ese grupo criminal tuvo una participación central en el llamado culiacanazo para evitar que Ovidio Guzmán López fuera detenido en octubre de 2019.
Otro personaje que comienza a aparecer con más fuerza en las investigaciones es Griselda Guadalupe López, segunda esposa de El Chapo Guzmán y madre de Ovidio y Joaquín, que opera una importante empresa distribuidora de cemento, JM Concretos, que aprovisiona buena parte de ése y otros materiales de construcción para las obras públicas en el estado. En los expedientes se cuenta que, en diciembre de 2022, poco antes de la detención de Ovidio Guzmán, varios funcionarios del estado, incluyendo el gobernador Rubén Rocha, tuvieron una gira de trabajo en la sindicatura de Jesús María, a unos 60 kilómetros de Culiacán, donde repartieron bicicletas y juguetes a los niños de la zona, en un bazar con tres grandes carpas donadas por la señora Griselda López.
Al terminar el evento, los participantes y otras 20 personas fueron invitadas a degustar barbacoa y cabrito por la anfitriona Griselda López, en una finca donde, casualmente, unos días después fue detenido Ovidio, luego de un combate con fuerzas militares que dejó, oficialmente, 29 muertos, posiblemente fueron muchos más debido al enorme círculo de seguridad que protegía a Ovidio.
