La noche del domingo 9 de junio, una familia fue masacrada en un domicilio de León, Guanajuato. Gracias a cámaras de seguridad, se pudo saber que cinco minutos antes se presentaron en el lugar cinco elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se retiraron poco después con unas bolsas negras.
La semana pasada, se informó que siete personas se encontraban detenidas por el homicidio de cuatro mujeres y dos bebés. Dos de ellas serían los autores materiales del crimen, y las otras cinco, los guardias nacionales mencionados arriba.
También se dio a conocer que éstos no fueron presentados ante el Ministerio Público, como correspondería con personas que forman parte de un organismo de corte civil –definido así por la Constitución–, sino trasladados a la prisión de la V Región Militar, en Zapopan, Jalisco, para responder por los cargos de desobediencia e infracción a deberes castrenses.
El fin de semana pasado se reactivó el debate sobre el área de adscripción de la corporación. Creada como organismo civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado por varios medios que quede bajo la tutela de la Sedena, basado en que la mayoría de sus elementos provienen del Ejército y de la Marina.
El 18 de abril de 2023, el pleno de la Suprema Corte invalidó el traslado del control operativo y administrativo de la GN a la Sedena, cosa que se buscó mediante una reforma a diversas leyes secundarias, aprobada por parte del Congreso de la Unión en septiembre de 2022.
El máximo tribunal dio como plazo el 1 de enero de 2024 para que la corporación regresara a la SSPC. De haberse cumplido cabalmente dicha orden, los elementos detenidos este mes en León no tendrían por qué haber sido remitidos a una prisión militar, sino conducidos, al menos como testigos, ante la autoridad civil correspondiente.
El domingo, durante un acto en Oaxaca, en el marco de una gira con el presidente López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente: “Nos corresponde, a partir del 1 de octubre (…) consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta”.
Sheinbaum se refería a una de las iniciativas que presentó el Presidente el 5 de febrero pasado, misma que no forma parte de las cinco primeras, que serán procesadas por el Congreso de la Unión en septiembre, antes de que deje el poder López Obrador. Allá mismo en Oaxaca, y al día siguiente en su mañanera, el mandatario se congratuló de lo dicho por parte de su sucesora.
Sin embargo, el tema presenta varios problemas. Primero, la adscripción de la GN a la Sedena violaría el espíritu original por el que fue creada, hace cinco años, con el concurso de la oposición, como una institución civil. Segundo, si la corporación forma parte actualmente de la SSPC, ¿por qué se ha sujetado a los elementos detenidos en León a la disciplina militar? Tercero, si López Obrador sostiene –como hizo ayer– que la GN “se echaría a perder” en caso de mantenerse bajo la tutela de los civiles, ¿qué dice eso del desempeño y la capacidad de la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez? Y cuarto, si se le quita la GN a la SSPC, como anticipa Sheinbaum, ¿qué le quedará a dicha secretaría? ¿A qué se dedicará?
Se espera que uno de los nombramientos que faltan al gabinete de Sheinbaum corresponda a Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad capitalino entre octubre de 2019 y septiembre de 2023, cuando ella era la jefa de Gobierno.
Pese a haber ganado la encuesta para ser candidato del oficialismo a la Jefatura de Gobierno, García Harfuch fue relegado –alegando razones de paridad de género– y la candidatura recayó en Clara Brugada, quien ganó la elección.
Se espera que García Harfuch asuma el cargo de senador que obtuvo en los comicios por un solo mes y que a partir del 1 de octubre se integre en el gabinete de Sheinbaum, pero si su destino es ser secretario de Seguridad federal, ¿cuáles serían sus funciones sin el mando sobre la fuerza pública?
