Los inversionistas y mercados quieren tener certidumbre sobre los marcos de autonomía del Poder Judicial que les den seguridad jurídica.
En la conferencia de prensa de ayer, luego de reunirse con el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum logró tranquilizar a los mercados y si bien no se diluyeron las dudas respecto a las reformas del llamado plan C, sobre todo en torno a la reforma constitucional al Poder Judicial, sí logró poner tiempo, pausa, matices, para poder encarar esa reforma desde una perspectiva más amplia que la decisión partidaria, que será mayoritaria en el Congreso, pero que requiere consensos con otros sectores para salir adelante con certidumbre.
Además, la virtual Presidenta electa adelantó los tiempos que se tenían pensados y dijo que será la próxima semana cuando anuncie también su gabinete, evidentemente con la intención de frenar especulaciones e incertidumbres, y también para iniciar en forma ordenada el proceso de entrega-recepción. A ello agregó la intención de sacar en el primer periodo legislativo la reforma para brindar apoyos a las mujeres de 60 a 64 años y una reforma a la ley del ISSSTE, sobre todo para cumplir acuerdos con maestros.
La reforma constitucional planteada al Poder Judicial es lo que más ruido provocó la semana pasada. Los inversionistas y mercados quieren tener certidumbre sobre los marcos de autonomía del Poder Judicial que les den seguridad jurídica. Me queda claro que habrá cambios en éste, incluso haciendo la amplia consulta que se comprometió a realizar Sheinbaum. Es, como dijo, parte de su mandato. Pero también es verdad que muchos de los temas propuestos en la iniciativa original, no parecen ser viables y tampoco recomendables. Lo planteó bien Sheinbaum proponiendo un proceso con espacios y tiempos, un debate amplio que ojalá no sea una simple simulación. La reforma a la justicia se debe discutir y se debe realizar, y hay muchas medidas que se pueden adoptar en ese camino que no deben afectar la propia gobernabilidad de la futura Presidenta y su gobierno.
Hay temas que resultan un poco descabellados, como la elección de magistrados y ministros por voto popular, pero otros de los que se ha hablado poco, que parecen mucho más importantes, posibles y de profunda repercusión en el Poder Judicial.
Uno que lleva sobre la mesa mucho tiempo, no es nuevo, es el de la separación de la Suprema Corte de Justicia con el Consejo de la Judicatura. Están separados, pero ambos tienen una misma presidencia. La idea, como funciona en muchos otros países, por ejemplo en España, es contar con un tribunal constitucional que sea el que se responsabilice que las decisiones, normas y leyes respeten la letra y el espíritu de la Constitución, y un Consejo de la Judicatura, que garantice la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que respalde el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito y asegure su autonomía, así como controlar la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes.
Ambas instancias ya existen, pero deberían tener, en la reforma que se está pensando, mandos autónomos, como una forma de equilibrio, pero también para permitir que exista mucha mayor eficiencia en esos ámbitos. Muchas otras cosas deben hacerse en el Poder Judicial, pero ésa podría ser la base de una reforma de fondo, que no altere la estabilidad ni vulnere la confianza, al contrario, que la fortalezca. Mi opinión muy personal es que este tipo de reformas estructurales son mucho más importantes que otras, más mediáticas, pero poco transitables.
Hacer eficiente la justicia es clave en un país donde existen altísimos índices de impunidad. Dentro de las reformas que se tendrán que hacer, de la mano con lo anterior, es la de todo el ámbito de la seguridad pública. Si la próxima semana se anuncia el próximo gabinete, con los ajustes que eso puede tener en un larguísimo proceso de cuatro meses, una de las cosas que se tendrán que abordar es el de la Secretaría de Seguridad.
Todo indica que será Omar García Harfuch su responsable, pero no tendremos la misma secretaría que ahora: la idea es conformar una suerte de supersecretaría que tendría la orientación estratégica del sector, pero también fuertes capacidades operativas. La Guardia Nacional seguirá, sin duda, en la Defensa, no existe posibilidad de moverla de allí ni creo que sea conveniente, pero desde esa supersecretaría se llevará la relación en seguridad con las fuerzas militares que deberán permanecer en labores de seguridad.
Se concentrarán allí las áreas de información e inteligencia, pero también deberá haber reformas legales que permitan crear nuevas policías de investigación que estarán bajo está supersecretaría. Eso implicaría una reforma de la estructura de la FGR, que transferiría algunas de esas áreas a la nueva secretaría, misma que, además, establecería las normas y coordinación con los estados para homologar procedimientos y fuerzas policiales. Concentrar prevención, inteligencia e investigación con una estructura clara y centralizada es fundamental para recuperar la seguridad pública y diluiría fantasmas, reales o no, de una supuesta militarización.
Una combinación de reformas en áreas judiciales y de seguridad es la lógica que se está discutiendo en el equipo presidencial y su implementación en esos términos podría ayudar en mucho al inicio de la próxima administración.
Porque la violencia ahí sigue, más allá de votos, confirmaciones e impugnaciones. Este fin de semana fue el más violento del año: hubo 281 asesinatos, 30 de ellos en Chihuahua, 26 en Nuevo León y otros 26 en Guanajuato, donde fueron masacrados mujeres y sus hijos, un hecho brutal. La inseguridad no da tregua ni contempla periodos de transición.
