La lógica de la democracia implica una forma de poder difuso, porque se encuentra en todas y cada uno de quienes integran la comunidad políticamente organizada.
Cada ocasión en que se lleva a cabo una elección popular, el supuesto democrático es que en el momento en que cada una y cada uno de los electores deposita sus votos en las urnas se realiza, es decir, se materializa todo el sistema que da orden, sentido y funcionalidad a la democracia, en tanto régimen de gobierno, pero también como forma y estilo de vida.
La lógica de la democracia implica una forma de poder difuso, porque se encuentra en todas y cada uno de quienes integran la comunidad políticamente organizada; es la forma en la que simbólica, pero también realmente, se expresa la voluntad de todas y todos de que, quien gobierna, lo haga bajo la regla de la igualdad ante la ley y bajo el mandato estricto de la Constitución, sobre la cual no puede colocarse nada ni nadie.
La isonomía, principio inventado y heredado a Occidente por los griegos, es lo que debe en todo momento regirnos; nadie puede concentrar poder más allá de lo que la ley, de manera temporal y acotada, le confiere; por ello es un poder legítimo, y por ello todas y todos estamos obligados a actuar bajo los principios de legalidad y bajo el mandato de la autoridad.
Desde esta perspectiva, uno de los más grandes desafíos que enfrenta nuestra democracia es precisamente la amenaza permanente, palpable y real del crimen organizado como agente corrosivo de nuestro régimen de gobierno. En efecto, en el proceso electoral de 2021 se encendieron nuevas luces de alarma porque se denunció el secuestro, “levantones” y amenazas directas a funcionarios de casilla y representantes de partidos políticos para que no acudieran a sus responsabilidades en las casillas.
En distintos estados fue palpable la presencia de grupos delincuenciales en aquellas zonas, específicamente en secciones electorales donde aparentemente tenían desventaja los partidos con los que se asume que se tenían pactos locales, y donde esos partidos podrían obtener resultados adversos. Lo cual es gravísimo si se considera que los patrullajes que se realizan los días de elecciones los realizan las Fuerzas Armadas de nuestro país; por lo que resulta una auténtica afrenta que haya grupos, altamente armados y equipados, realizando recorridos abiertamente en calles y avenidas, para desincentivar la presencia ciudadana en las urnas.
Así, de acuerdo con diversos grupos de análisis, estamos ante el proceso electoral en el que han sido asesinadas o agredidas las mayores cantidades de candidatas, candidatos, personas involucradas en la política y cargos públicos; así como familiares o personal cercano a ellas y ellos. Se trata de una situación crítica en la que las instituciones electorales poco tienen que hacer; pero en la que el despliegue de fuerza de la autoridad parece no sólo insuficiente, sino que, además, ya no es eficaz en tanto que no logra disuadir a los delincuentes para que depongan sus acciones criminales.
En cada elección, uno y otro bando presentan análisis en los que, dependiendo su posición en las encuestas, argumentan que determinada proporción de electores en las urnas beneficiaría a unos u otros; pero, más allá de esas cuentas pragmáticas, lo deseable es siempre que la participación ciudadana sea abundante y, al mismo tiempo, abrir nuevos mecanismos de expresión en las urnas.
Por ejemplo, una de las cuestiones de que no dispone nuestra democracia es contar con mecanismos de rechazo a determinadas candidaturas; porque tal como está hoy nuestra legislación, los partidos políticos postulan a personalidades que no siempre son opciones de buen gobierno; desde esa perspectiva, el monopolio de las candidaturas debe tener límites y la ciudadanía debe tener, por ejemplo, vía la anulación deliberada del voto, opciones para repudiar o rechazar a personajes que carecen de representatividad.
La elección ha estado amenazada desde su comienzo y lo sigue estando; por lo que los efectos de lo que ha ocurrido desde inicios de año seguirán presentes ya con la presidenta electa, y eso impondrá costos y restricciones adicionales a las que ya tiene en los ámbitos político, económico, social y ambiental.
